De la rebelión juvenil al estallido social: emboscada de violencia urbana indiscriminada

Por Nelson Vallejo-Gómez (París, octubre de 2026)

J’accuse: Francia ante la crisis de su promesa republicana.

Acuso a una sociedad que contempla cómo se deteriora el vínculo entre sus generaciones, sus instituciones y sus ideales republicanos sin atreverse a interrogar las causas profundas de esa fractura. Acuso a un sistema político que pretende restaurar el orden sin reconstruir las condiciones sociales que lo hacen legítimo. Acuso a un sistema educativo que ha ampliado el acceso al bachillerato sin garantizar, en la misma medida, la orientación vocacional, la cualificación y las perspectivas de inserción profesional que deberían dar sentido a los estudios como ascensor social. Acuso a quienes se aprovechan de la protesta legítima para convertir las calles en escenarios de intimidación, destrucción y enfrentamiento. Y acuso, finalmente, a quienes, desde el exterior, utilizan las imágenes de la crisis francesa para imponer interpretaciones ideológicas que sirven a sus propios intereses políticos. Las escenas de violencia urbana vividas en varias ciudades de Francia en la tarde y noche del sábado 17 de octubre de 2026 han dado la vuelta al mundo en redes sociales y noticieros internacionales, generando asombro, pánico y preocupación en los dirigentes. ¿Cómo gobernar en la actualidad una nación multicultural que no se reconoce como tal, y donde la tradición republicana y democrática exige el cuidado absoluto de los derechos fundamentales de la persona y la aplicación indiscriminada del Estado de Derecho, así sus principios y valores sean denigrados, atacados e incumplidos por grupúsculos anárquicos y vándalos enmascarados?

No acuso a la juventud por rebelarse. Acuso a una sociedad que no siempre sabe escuchar las razones de su rebelión, que tolera demasiado tiempo sus causas y que, cuando el descontento estalla, parece sorprenderse de sus consecuencias.

Francia, heredera de la Ilustración, de la Revolución de 1789 y de la promesa republicana de libertad, igualdad y fraternidad, se enfrenta a una contradicción histórica: dispone de instituciones democráticas consolidadas, de un sistema educativo de amplia cobertura y de mecanismos de protección social desarrollados, pero no consigue garantizar que una parte de sus jóvenes encuentre en ese conjunto una razón suficientemente sólida para creer en el futuro común, para conocer y amar los principios republicanos y los valores democráticos que hacen posible vivencia y convivencia pacífica de las libertades individuales fundamentales.

La crisis francesa tiene, además, una dimensión internacional que ya no puede ignorarse. Las imágenes de los disturbios circulan instantáneamente por las redes sociales, las cadenas de información continua y los medios digitales de todo el mundo. Los saqueos, los incendios, la destrucción de bienes públicos y privados y los enfrentamientos con las fuerzas del orden se convierten en secuencias repetidas, separadas a menudo de las circunstancias que las produjeron.

Mientras unos ciudadanos observan con preocupación la violencia, otros encuentran en esas imágenes la confirmación de sus prejuicios ideológicos. Los dirigentes extranjeros las utilizan para demostrar que sus adversarios políticos están equivocados, que sus propias sociedades son superiores o que el modelo democrático occidental atraviesa una crisis que alimenta las corrientes autoritarias y la autojustificación de regímenes con tendencia dictatorial.

Pero la cuestión fundamental no es quién consigue apropiarse políticamente de las imágenes de la crisis francesa. Es qué revela esa crisis sobre las responsabilidades de los gobernantes, las condiciones de la convivencia democrática y la capacidad de una sociedad para defender simultáneamente el orden público y las libertades individuales, respetando el Estado de Derecho constitucional.

¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué una reivindicación juvenil por lápices y pupitres puede transformarse en una confrontación indiscriminada? ¿En qué momento la manifestación deja de ser un ejercicio de ciudadanía para convertirse en el terreno de actuación de quienes buscan el enfrentamiento, la destrucción y el caos? ¿Y qué responsabilidad corresponde a una República que exige obediencia a sus leyes, pero debe preguntarse también si sus instituciones continúan cumpliendo sus promesas?

I. El estallido social en Francia: una crisis que viene de lejos

Hablar de un «estallido social» en Francia exige ir más allá de las imágenes de una ciudad incendiada, de un enfrentamiento entre manifestantes y policías o de una jornada de movilización que termina en violencia. Edificios históricos y patrimoniales tan valiosos como la Alcaldía de Limoges, construida en estilo neorrenacentista a finales del siglo XIX, fueron incendiados por los vándalos. La expresión designa una situación en la que diferentes formas de malestar, acumuladas durante años, pueden converger y adquirir una intensidad que desborda los canales habituales de representación política, negociación social y participación ciudadana.

No se trata necesariamente de una revolución ni de una insurrección organizada. Tampoco supone que toda la sociedad comparta las mismas reivindicaciones. Un estallido social puede surgir precisamente de la convergencia temporal de agravios diferentes: pérdida de poder adquisitivo, desigualdades territoriales, desconfianza hacia las instituciones, frustración generacional, crisis de representación política y percepción de que las vías ordinarias de protesta han dejado de producir resultados.

En Francia, esta preocupación no es nueva. En noviembre de 2018, el movimiento de los gilets jaunes (“Chalecos Amarillos”) hizo visible una fractura que no podía explicarse exclusivamente por el rechazo a la fiscalidad de los carburantes. La movilización reveló también el malestar de sectores de la población que experimentaban la distancia entre los centros de decisión política y las condiciones concretas de vida en los territorios periféricos. La protesta se extendió, incorporó reivindicaciones diversas y puso en cuestión la capacidad de las instituciones para representar a ciudadanos que no se reconocían suficientemente en sus decisiones. El presidente de la República, recién electo y con plenos poderes, pensó no requerir del diálogo de gobierno con “cuerpos intermediarios constituidos”, entre ellos, los alcaldes. Siendo estos el lazo de democracia directa entre los ciudadanos y la primera figura de representación del Estado, el Primer Mandatario tuvo que recurrir a ellos y lanzar una consultación nacional en todas las alcaldías del país, buscando identificar las razones del descontento generalizado, pidiendo a los alcaldes ayudar a retomar el control del orden republicano y amenguar en lo posible dicho descontento ciudadano.

En marzo de 2023, la reforma de las pensiones y su aprobación mediante el artículo 49.3 de la Constitución intensificaron una movilización social de gran amplitud. La controversia no concernía únicamente a la edad de jubilación: también expresaba una disputa sobre la distribución de los esfuerzos, la legitimidad de las decisiones públicas y la capacidad de los ciudadanos para influir en reformas que afectan directamente a sus condiciones de vida. La movilización combinó manifestaciones sindicales masivas con episodios de violencia protagonizados por determinados grupos.

En junio y julio de 2023, la muerte de Nahel Merzouk, de 17 años, por el disparo de un policía durante un control de tráfico en Nanterre desencadenó una nueva oleada de disturbios urbanos, donde se puso de manifiesto un porcentaje cada vez más importante de jóvenes de origen africano y magrebí que reivindican un discurso wokista, acusando a la nación francesa de no reconocer la deuda colonial y, a la policía, de ser racista anti musulmán. Sin embargo, el informe del Senado publicado en abril de 2024 subrayó tanto la gravedad de las destrucciones como la diversidad de las motivaciones de los participantes, el papel de las redes sociales y la presencia de comportamientos oportunistas y de grupos que instrumentalizaron la situación para saquear y enfrentarse a las fuerzas del orden. El informe también destacó la dificultad de establecer un perfil único de los participantes.

Estos episodios no son equivalentes. Los gilets jaunes constituyeron un movimiento de protesta social con reivindicaciones económicas y políticas; la movilización contra las pensiones se inscribió en un conflicto social y sindical; los disturbios de 2023 combinaron indignación, confrontación con las instituciones y conductas de destrucción y depredación. Sin embargo, todos interrogan, desde perspectivas distintas, la solidez del vínculo entre el Estado, la sociedad y la ciudadanía.

La cuestión decisiva no consiste en afirmar que Francia se encuentra permanentemente al borde de una explosión. Consiste en preguntarse por qué la posibilidad de una crisis de esta naturaleza reaparece periódicamente en el debate público y por qué determinados conflictos parecen adquirir una intensidad que desborda su reivindicación inicial, transformándose en caldo de cultivo y río revuelto donde grupúsculos anarquistas se aprovechan para saquear y generar pánico social.

Un estallido social no se explica por una sola causa ni por una sola generación. Se produce cuando las tensiones acumuladas encuentran un detonante, cuando la confianza en los mecanismos de mediación se debilita y cuando una parte de la población deja de percibir las instituciones como instrumentos eficaces para resolver sus problemas. La izquierda radical busca retomar la logomaquia capitalismo versus comunismo sin que el andamiaje conceptual de la lucha de clases, del llamado a la revolución y su consabida destrucción del sistema burgués de poder encuentre eco en una juventud hedonista, inculta y desorientada.

La pregunta que debe plantearse la República es, por tanto, doble: ¿qué condiciones sociales y políticas hacen posible la explosión del descontento y qué mecanismos permiten que una protesta legítima sea instrumentalizada por quienes persiguen el enfrentamiento y la destrucción de las instituciones que quisieran gobernar?

II. La protesta legítima y la apropiación de la rebelión

Toda democracia debe aceptar la posibilidad de la protesta. La manifestación es un instrumento de participación política, una forma de hacer visibles las injusticias y un medio para recordar al poder que la legitimidad electoral no elimina la obligación de escuchar a la sociedad.

La rebelión juvenil puede expresar una demanda de dignidad, una protesta contra la discriminación, el rechazo a la precariedad o la necesidad de participar en decisiones que comprometen el porvenir. La historia republicana francesa no puede comprenderse sin sus conflictos, sus movimientos sociales y sus luchas por la ampliación de los derechos.

Pero existe una frontera que ninguna democracia puede ignorar: la que separa la contestación política de la violencia contra las personas, la intimidación, el saqueo y la destrucción indiscriminada de bienes públicos y privados.

Cuando individuos o grupos utilizan una manifestación para agredir, incendiar, saquear o provocar deliberadamente enfrentamientos con las fuerzas del orden, ya no estamos ante una simple prolongación de la protesta. Estamos ante conductas que deben ser identificadas y sancionadas conforme a la ley.

Es necesario, sin embargo, precisar las palabras. No todo manifestante radical es un anarquista violento; no todo joven encapuchado pertenece a una organización; no todo enfrentamiento responde a una estrategia concertada. Pero tampoco puede descartarse que determinados grupos violentos, delincuentes y oportunistas instrumentalicen las concentraciones para perseguir objetivos ajenos a las reivindicaciones iniciales.

La pregunta fundamental es esta: ¿cómo puede una sociedad permitir que quienes pretenden expresar una reivindicación colectiva terminen privados del control de su propia protesta por quienes buscan el enfrentamiento?

La violencia tiene una eficacia política perversa: desplaza el debate sobre las causas hacia la cuestión del orden público. La reivindicación desaparece de las pantallas, sustituida por las imágenes de vitrinas rotas, vehículos incendiados, saqueos y enfrentamientos. Los oportunistas consiguen así imponer su propio relato, mientras los ciudadanos pacíficos, los comerciantes, los trabajadores y los vecinos soportan las consecuencias.

La destrucción de una escuela, una alcaldía, una biblioteca, un autobús o un comercio no constituye una victoria contra la desigualdad. Destruye recursos colectivos, perjudica a quienes menos capacidad tienen para protegerse y deteriora las condiciones materiales de la convivencia.

Y si la violencia pretende provocar una pérdida de control de las fuerzas del orden, con heridos e incluso muertos, el resultado es todavía más grave: el sufrimiento humano se convierte en instrumento de una estrategia de confrontación.

Acuso, por tanto, a quienes secuestran la protesta y utilizan a la multitud como cobertura de sus actos. Pero acuso también a quienes, desde las responsabilidades políticas, reducen toda crisis social a un problema policial, como si el restablecimiento de la calma pudiera sustituir la reconstrucción de la confianza.

La República debe garantizar simultáneamente el derecho a manifestarse, la protección de las personas y la aplicación proporcionada de la ley. Ni la impunidad de los violentos ni el uso ilegítimo de la fuerza pueden constituir una solución democrática.

III. Las redes sociales y la internacionalización del estallido: cuando la imagen sustituye a la explicación

La crisis social contemporánea ya no se desarrolla únicamente en las calles. Se desarrolla también en las pantallas, en los teléfonos móviles, en las plataformas digitales y en las cadenas internacionales de información continua.

Un almacén destrozado en París, un comercio saqueado en Marsella, un vehículo incendiado en Lyon o un edificio público en llamas pueden convertirse, en cuestión de minutos, en imágenes vistas por millones de personas en distintos continentes.

La tecnología ha modificado radicalmente la relación entre el acontecimiento y su representación. Una manifestación local puede transformarse en un acontecimiento global antes de que las autoridades hayan establecido las circunstancias de los hechos, antes de que se conozca la identidad de los responsables y antes de que los periodistas hayan podido reconstruir las causas del conflicto.

La difusión inmediata de imágenes ofrece una ventaja democrática indiscutible: permite documentar acontecimientos, visibilizar abusos, informar a la ciudadanía y cuestionar las versiones oficiales. Pero también plantea un problema fundamental cuando la circulación de imágenes violentas sustituye progresivamente la investigación, la contextualización y el análisis.

1. El bucle mediático de la violencia

Las cadenas de información continua necesitan renovar permanentemente sus contenidos. Las plataformas digitales compiten por captar la atención de sus usuarios. Las imágenes espectaculares, emocionalmente intensas y fácilmente comprensibles tienen, en ese entorno, una capacidad particular para circular y suscitar reacciones.

El resultado puede ser un bucle mediático: la violencia produce imágenes; las imágenes atraen audiencia; la audiencia incentiva nuevas reproducciones; y la repetición termina convirtiendo determinados episodios en la representación dominante de una crisis mucho más compleja.

Durante horas, las pantallas pueden mostrar los mismos incendios, los mismos enfrentamientos y los mismos saqueos. Sin embargo, apenas se dedica una atención equivalente a las reivindicaciones iniciales, a los manifestantes pacíficos, a los procesos de negociación, a las desigualdades territoriales o a las trayectorias educativas y profesionales de los jóvenes implicados en la movilización.

No significa que las imágenes sean falsas ni que deban ocultarse. Significa que una imagen auténtica puede producir una interpretación incompleta cuando se presenta sin fecha, contexto, secuencia o información sobre su representatividad.

Un vídeo de treinta segundos puede documentar un acto real de violencia. No puede, por sí solo, explicar por qué comenzó una protesta, qué proporción de los manifestantes participó en ella ni cuáles son las causas de una crisis social.

La repetición de una imagen verdadera no garantiza la verdad de la interpretación que se construye a partir de ella. Este principio debería orientar tanto el trabajo periodístico como la educación ciudadana. Informar no consiste únicamente en mostrar lo ocurrido. Consiste también en explicar qué se sabe, qué permanece incierto, qué antecedentes son relevantes y qué conclusiones pueden extraerse legítimamente.

2. De la información a la instrumentalización política

Las imágenes de la violencia francesa adquieren una segunda dimensión cuando entran en los circuitos de la confrontación ideológica internacional.

En octubre de 2026, Donald Trump atribuyó las protestas francesas a la inmigración y al islam, presentándolas como prueba del fracaso de las políticas migratorias europeas. Esa interpretación fue difundida públicamente por el presidente estadounidense, aunque las movilizaciones descritas por la prensa incluían también reivindicaciones relacionadas con las condiciones educativas, los servicios públicos y el coste de la vida.

La cuestión no consiste en negar que la inmigración, la integración o la seguridad puedan ser objeto de debate político. Consiste en preguntar si esos factores explican efectivamente un acontecimiento concreto o si se utilizan para imponer una interpretación predeterminada.

Cuando se atribuye una crisis social compleja a una sola categoría de población, se corre el riesgo de convertir a millones de personas en responsables colectivos de actos que corresponden a individuos identificables. La responsabilidad penal es individual; la explicación sociológica exige pruebas; y la evaluación de las políticas públicas requiere datos, no únicamente imágenes impactantes.

La narrativa de la decadencia de Occidente, la pérdida de autoridad y la incapacidad de las democracias para garantizar el orden puede resultar particularmente atractiva para quienes desean presentar los sistemas políticos autoritarios como modelos de estabilidad.

Pero esa comparación oculta una cuestión esencial: la estabilidad aparente de una sociedad no demuestra, por sí sola, que sus ciudadanos disfruten de mayores libertades, de mejores garantías judiciales o de una capacidad efectiva para cuestionar a sus gobernantes.

Una democracia puede mostrar públicamente sus conflictos, sus errores y sus contradicciones precisamente porque dispone de espacios de crítica y mecanismos de control. Esa visibilidad no la exime de responsabilidades, pero tampoco constituye por sí misma una prueba de fracaso.

3. La crisis francesa como recurso de propaganda

El peligro de la instrumentalización internacional reside en que el acontecimiento deja de ser objeto de investigación para convertirse en un argumento destinado a confirmar una convicción previa.

Para unos, toda violencia urbana demostraría el fracaso de la inmigración. Para otros, probaría la decadencia moral de las sociedades occidentales. Para otros, confirmaría que el capitalismo, el neoliberalismo o la desigualdad conducen inevitablemente al colapso social.

Estas interpretaciones pueden contener preguntas legítimas, pero se convierten en propaganda cuando seleccionan únicamente los elementos que confirman una tesis y excluyen sistemáticamente los que podrían cuestionarla.

La crisis francesa no demuestra por sí sola la superioridad de un modelo político ni la inferioridad de otro. Obliga a examinar las relaciones entre desigualdad, integración social, legitimidad institucional, educación, seguridad y libertades públicas.

Acuso, por tanto, a quienes convierten el sufrimiento de los ciudadanos franceses en munición ideológica. Acuso a quienes utilizan las imágenes de edificios incendiados para desacreditar a una sociedad entera, sin interrogarse por las condiciones históricas y sociales que han conducido a esa situación.

La mejor respuesta a la instrumentalización internacional no consiste en ocultar las imágenes, desacreditar automáticamente a quienes las comentan o proclamar la superioridad moral de Francia. Consiste en producir explicaciones rigurosas, reconocer los problemas reales y demostrar que una democracia puede aprender de sus crisis y corregir sus errores.

IV. Una escuela que abre las puertas, pero no siempre señala el camino

Hay una segunda responsabilidad, más profunda y menos visible: la de un sistema educativo que ha logrado una expansión considerable de la escolarización, pero que todavía tiene dificultades para transformar esa expansión en trayectorias de aprendizaje, cualificación y autonomía profesional satisfactorias para todos.

Francia ha convertido el acceso al bachillerato en una realidad para una proporción muy elevada de una generación (80%). Esta democratización constituye una conquista republicana que debe preservarse. Sin embargo, el éxito cuantitativo no resuelve automáticamente la cuestión cualitativa: ¿qué significa obtener el bachillerato si el joven no dispone de una orientación suficientemente informada, si desconoce las competencias que necesitará o si no encuentra una formación superior adecuada a sus capacidades y aspiraciones?

El problema no consiste en que demasiados jóvenes accedan al bachillerato. Consiste en que la sociedad no siempre consigue articular ese acceso con una orientación profesional continua, una oferta de formación coherente y oportunidades reales de inserción laboral.

La orientación no puede reducirse a una decisión administrativa al final del Collège o del Lycée. Debe constituir un proceso educativo que permita conocer las propias capacidades, explorar profesiones, comprender las transformaciones del trabajo y relacionar las aspiraciones personales con las posibilidades de formación.

¿De qué sirve proclamar la igualdad de oportunidades si el origen social continúa condicionando el conocimiento de las opciones educativas, la capacidad de financiar determinados estudios, el acceso a las redes profesionales y la posibilidad de asumir los costes de una formación prolongada?

La desigualdad no desaparece cuando todos reciben formalmente el derecho a presentar una candidatura. Puede reaparecer en las condiciones desiguales para construirla, sostenerla y convertirla en una trayectoria profesional.

El acceso a la educación superior tampoco garantiza por sí solo una inserción laboral mejor que la de la generación anterior. El título sigue siendo importante, pero sus efectos dependen de la especialidad, de las competencias adquiridas, de la coyuntura económica, de las condiciones de contratación y de la capacidad de las empresas y los servicios públicos para ofrecer empleos cualificados.

La promesa educativa se debilita cuando se invita a estudiar sin explicar suficientemente las salidas posibles; cuando se multiplican las expectativas sin proporcionar acompañamiento; cuando la formación no mantiene una relación inteligible con las transformaciones económicas y tecnológicas.

Acuso a la política educativa de confundir, en ocasiones, democratización con masificación, orientación con selección y éxito escolar con obtención de un título. Pero sería injusto atribuir a la escuela, por sí sola, la responsabilidad de una crisis que también procede del mercado laboral, de la segregación residencial, de las desigualdades económicas y de la insuficiente capacidad de las instituciones para ofrecer perspectivas creíbles.

La escuela republicana no puede prometer a cada estudiante un empleo determinado. Sí debe garantizarle las herramientas intelectuales, culturales, cívicas y profesionales para construir su autonomía. Y debe impedir que una trayectoria escolar menos favorable se convierta en una condena social.

V. Una generación educada en la incertidumbre

La juventud que hoy alcanza la edad adulta no ha crecido en las mismas condiciones que sus padres. Para una parte de ella, la pandemia y los confinamientos interrumpieron aprendizajes, debilitaron relaciones sociales y alteraron experiencias fundamentales de construcción de la identidad. Sus consecuencias fueron desiguales: no todos los jóvenes las vivieron de la misma manera ni todos continúan afectados por ellas.

A esa experiencia se han sumado la emergencia ecológica, la percepción de un futuro climático amenazado, la crisis fiscal y el endeudamiento público colosal que alimenta la especulación y la lógica rentista del sistema, las guerras que regresan al centro de la actualidad europea, obligando a invertir en carrera armamentista, y la sensación de que el mundo puede cambiar con una rapidez superior a la capacidad de las instituciones para responder.

No debemos confundir estas experiencias con una explicación automática de la violencia. La mayoría de los jóvenes no destruye bienes ni busca enfrentamientos. Muchos estudian, trabajan, cuidan a sus familiares, participan en asociaciones y se comprometen con causas colectivas.

Pero sería igualmente equivocado ignorar el contexto emocional, económico y cultural en el que se construyen las expectativas de una generación.

¿Qué futuro puede imaginar un joven cuando escucha que debe formarse continuamente, aceptar la movilidad profesional y adaptarse a la transformación tecnológica, mientras observa que el acceso a la vivienda se vuelve más difícil, que algunos empleos cualificados no ofrecen la estabilidad esperada, que probablemente no tendrá pensión y que el patrimonio familiar influye decisivamente en las posibilidades de autonomía?

¿Qué confianza puede desarrollar en las instituciones cuando percibe que las decisiones públicas se adoptan en horizontes electorales cortos, mientras las crisis ecológicas, demográficas y económicas requieren compromisos de varias décadas?

Y ¿cómo puede una sociedad exigir responsabilidad individual si no consigue hacer visible una relación razonable entre esfuerzo, aprendizaje, trabajo y reconocimiento social?

Estas preguntas no justifican la violencia. Permiten comprender que la prevención del estallido social exige algo más que la condena moral de sus manifestaciones extremas.

La cuestión no es elegir entre autoridad y comprensión. Es comprender para actuar, y actuar con autoridad legítima para proteger a todos.

VI. El Estado providencia ante la fractura de las generaciones

El Estado providencia constituye uno de los grandes logros de la construcción social francesa. La protección frente a la enfermedad, la vejez, los accidentes de la vida y la pérdida de ingresos expresa una concepción de la solidaridad que no debe abandonarse.

Pero la protección social no puede confundirse con una distribución automática de recursos desvinculada de las condiciones que permiten producirlos, financiarlos y renovarlos. Su sostenibilidad depende de una economía capaz de generar riqueza, de una población activa suficientemente formada y de una distribución de las cargas que la sociedad considere justa.

Francia se enfrenta, además, a un cambio demográfico importante. La baja fecundidad y el envejecimiento de la población modificarán la relación entre generaciones, las necesidades de atención, la financiación de las pensiones y la disponibilidad de profesionales en numerosos sectores. La magnitud y el calendario de esos efectos dependerán también de la productividad, la participación laboral, la inmigración, la formación y las decisiones públicas.

En este contexto, aparece una cuestión incómoda: ¿cómo construir un pacto entre generaciones cuando los jóvenes temen no poder acceder a la vivienda, al empleo estable y a una pensión suficiente, mientras una parte de los mayores dispone de patrimonios inmobiliarios o financieros considerablemente superiores a los de sus hijos?

No se trata de acusar a los jubilados de vivir de sus rentas. Muchos han trabajado durante décadas, reciben pensiones modestas o ayudan materialmente a sus familias. La jubilación digna es un derecho y no una falta de solidaridad.

La crítica debe dirigirse a las estructuras que permiten que las diferencias de patrimonio se acumulen y se transmitan sin que el esfuerzo laboral, la formación o la contribución colectiva puedan compensarlas razonablemente.

El conflicto no es entre jóvenes y mayores como categorías morales. Es entre un sistema que debe asegurar la continuidad de la solidaridad y unas condiciones de distribución de las oportunidades que pueden hacerla parecer injusta.

La República no puede exigir a las nuevas generaciones que financien un modelo social si no les ofrece posibilidades creíbles de participar en su prosperidad. Tampoco puede abandonar a los mayores en nombre de una juventud desfavorecida.

El desafío consiste en reconstruir la reciprocidad: que cada generación contribuya según sus posibilidades, reciba protección frente a los riesgos y encuentre condiciones para transmitir a la siguiente una sociedad más habitable, más justa y más sostenible.

VII. La Quinta República y la crisis de integración republicana

La crisis actual interpela también a las instituciones de la Quinta República. El modelo republicano francés descansa sobre la ciudadanía, la igualdad ante la ley, la escuela pública, la laicidad y la pertenencia a una comunidad política que trasciende los orígenes particulares.

Pero la igualdad jurídica no elimina por sí sola las desigualdades sociales. La universalidad de los principios republicanos no garantiza automáticamente que todos los ciudadanos experimenten las instituciones como cercanas, comprensibles y justas.

Cuando determinados territorios acumulan dificultades escolares, desempleo, segregación residencial, servicios públicos insuficientes y una relación conflictiva con las fuerzas del orden, la promesa republicana corre el riesgo de convertirse en una declaración abstracta para una parte cada vez mayor de ciudadanos.

No basta con recordar que todos somos iguales ante la ley. Es necesario comprobar si todos disponen de condiciones razonables para ejercer sus derechos, desarrollar sus capacidades y participar en la vida colectiva.

Tampoco basta con invocar la autoridad del Estado. La autoridad democrática debe apoyarse en la legalidad, la ejemplaridad, la competencia y la confianza. Se debilita cuando las decisiones parecen contradictorias, cuando las instituciones no cumplen sus compromisos o cuando la responsabilidad política se diluye entre administraciones.

La integración republicana exige una relación de doble sentido: el ciudadano reconoce las reglas comunes, pero el Estado debe garantizar que esas reglas se apliquen con justicia y que las instituciones estén a la altura de sus obligaciones. Hay quienes consideran que el modelo de la Quinta República requiere una reforma constitucional y militan por una Sexta República, evocando al Pueblo como una especie de Deus ex Maquina, sin tener claro el estudio de impacto ni la masa critica de riesgos que implicaría tal reforma.

En cuanto a la escuela, ocupa aquí un lugar decisivo. No puede limitarse a transmitir conocimientos ni convertirse únicamente en un dispositivo de selección escolar. Debe formar ciudadanos capaces de comprender los conflictos, argumentar, distinguir hechos de opiniones, ejercer el pensamiento crítico y reconocer los límites de la violencia en una democracia.

La educación moral y cívica, la educación a los medios y a la información, el aprendizaje del debate argumentado y la participación efectiva en la vida escolar no son actividades accesorias. Constituyen condiciones para que la libertad individual pueda coexistir con la responsabilidad colectiva.

Pero la escuela no puede reparar sola las contradicciones de la sociedad. Necesita instituciones políticas creíbles, servicios públicos accesibles, empresas responsables, asociaciones activas y familias apoyadas en su función educativa. Tampoco basta con denigrar la calidad de lo público en beneficio de lo privado, para proceder a la privatización del servicio público educativo.

Acuso a quienes exigen a los profesores que resuelvan, sin medios suficientes ni respaldo colectivo, problemas que exceden ampliamente el perímetro de la clase. Y acuso a los responsables políticos que invocan los valores republicanos sin garantizar siempre las condiciones materiales, sociales e institucionales necesarias para hacerlos efectivos.

VIII. Salir de la crisis: reconstruir un futuro compartido

No hay una medida única capaz de resolver una crisis que combina dimensiones educativas, económicas, demográficas, culturales y políticas. La respuesta debe ser sistémica, sostenida y evaluable. Debe actuar sobre las causas sin renunciar a proteger inmediatamente a las personas frente a la violencia.

Primera exigencia: restablecer el vínculo entre protesta y ciudadanía.

Las manifestaciones pacíficas deben ser protegidas y las reivindicaciones escuchadas. Los actos violentos deben investigarse y sancionarse individualmente, con garantías judiciales y proporcionalidad. La actuación policial debe responder a criterios de necesidad, control y responsabilidad. La protección de los manifestantes pacíficos, de los residentes, de los comerciantes y de los agentes del orden forma parte de una misma obligación republicana.

Segunda exigencia: transformar la orientación en una política educativa continua.

Desde la Básica y Media hasta la Superior y la formación profesional, cada estudiante debería disponer de un acompañamiento que combine autoconocimiento, información sobre las profesiones, descubrimiento de sectores económicos, experiencias prácticas y conocimiento de las distintas vías formativas.

La orientación vocacional debe evitar tanto la selección social encubierta como las promesas irreales de inserción. Necesita profesionales cualificados, colaboración con las empresas y los servicios públicos, información fiable sobre las trayectorias y mecanismos de seguimiento que permitan detectar las rupturas antes de que se conviertan en exclusión.

Tercera exigencia: convertir la formación en una vía real de autonomía.

El sistema educativo debe reforzar los aprendizajes fundamentales, la formación tecnológica, las competencias científicas, la cultura humanística y la capacidad de aprender durante toda la vida. La formación profesional y el aprendizaje en alternancia deben ofrecer itinerarios exigentes, reconocidos y permeables, sin convertirse en vías de relegación para los estudiantes de origen popular.

La educación superior debe articular mejor sus titulaciones con las necesidades sociales y económicas, sin subordinar la universidad exclusivamente a las demandas inmediatas del mercado laboral. La sociedad necesita ingenieros y técnicos, pero también docentes, investigadores, cuidadores, artistas, juristas y ciudadanos capaces de pensar críticamente.

Cuarta exigencia: reconstruir el pacto entre generaciones.

La política de vivienda, la fiscalidad, las pensiones, la formación y el empleo deben examinarse también desde sus efectos intergeneracionales. Es necesario ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, facilitar la movilidad profesional, reconocer las contribuciones de los mayores y debatir de manera transparente cómo distribuir las cargas y los recursos.

No se trata de enfrentar a quienes trabajan con quienes se jubilan, sino de impedir que el patrimonio heredado se convierta en el principal determinante del futuro individual.

Quinta exigencia: hacer de la transición ecológica una política de futuro y empleo.

La respuesta a la crisis climática debe dejar de presentarse exclusivamente como un conjunto de restricciones. Debe incluir formación, innovación, investigación, rehabilitación energética, transformación industrial y creación de empleos cualificados. Los jóvenes necesitan participar en decisiones cuyo horizonte temporal supera ampliamente el de una legislatura.

La transición será socialmente más legítima si sus costes y beneficios se distribuyen de manera equitativa y si las poblaciones más vulnerables disponen de medios para adaptarse.

Sexta exigencia: recuperar la presencia efectiva de la República en los territorios.

La seguridad es indispensable, pero no suficiente. Los territorios afectados por la segregación y la exclusión necesitan escuelas con recursos adecuados, servicios sanitarios accesibles, transporte, instalaciones deportivas y culturales, mediación, asociaciones y oportunidades de empleo.

Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados, no solo por los recursos anunciados. Es necesario conocer si mejoran el aprendizaje, reducen las rupturas escolares, facilitan el acceso al empleo, fortalecen la confianza institucional y disminuyen la exposición a la violencia.

Séptima exigencia: educar para la complejidad.

La crisis francesa no puede comprenderse separando artificialmente la escuela de la economía, la seguridad de la justicia social, la demografía de las pensiones o la libertad individual de la responsabilidad colectiva.

Se requiere una política pública capaz de relacionar los problemas, reconocer sus interdependencias y evitar las soluciones que desplazan las dificultades de un ámbito a otro. En una perspectiva próxima al pensamiento complejo de Edgar Morin, comprender significa conectar conocimientos, reconocer incertidumbres y aceptar que ninguna institución puede actuar eficazmente de manera aislada.

La escuela debe enseñar a pensar los problemas en su complejidad sin renunciar a distinguir lo verdadero de lo falso, lo legítimo de lo ilegítimo y la explicación de la justificación.

Comprender las causas sociales de la violencia no equivale a absolver a quienes la ejercen. Restablecer el orden no equivale a resolver las causas que amenazan con destruirlo. La democracia necesita ambas cosas: responsabilidad individual y comprensión colectiva.

IX. J’accuse: ¿qué República queremos transmitir?

Acuso a una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse a la confrontación como si fuera una fatalidad generacional. Acuso a los responsables políticos que sustituyen la estrategia por la reacción inmediata y a quienes utilizan la inseguridad para el enfrentamiento partidista en lugar de construir soluciones duraderas.

Acuso a quienes instrumentalizan el descontento para destruir lo que pertenece a todos. Una Alcaldía incendiada no es una conquista social. Una escuela degradada no es una victoria contra la desigualdad. Un autobús destruido no amplía la libertad de movimiento de quienes dependen del transporte público. Un agente herido, un manifestante lesionado o un ciudadano muerto no hacen avanzar la democracia.

Pero acuso también a quienes consideran que el problema termina cuando las calles vuelven a estar despejadas. Si la violencia se ha alimentado de la pérdida de confianza, de las expectativas frustradas y de la ausencia de perspectivas, el retorno a la calma no puede ser el final de la acción pública.

La cuestión decisiva es si Francia será capaz de convertir esta crisis en una oportunidad para renovar su contrato republicano.

La juventud no necesita que se le prometa un futuro sin dificultades. Necesita que se le ofrezcan medios para afrontar esas dificultades, instituciones que cumplan sus compromisos y una sociedad en la que el esfuerzo tenga posibilidades razonables de traducirse en autonomía y reconocimiento.

Los mayores no necesitan ser convertidos en adversarios. Necesitan participar en una solidaridad intergeneracional que proteja sus derechos sin hipotecar el porvenir de quienes deberán sostenerla.

Los profesores no necesitan recibir nuevas responsabilidades sin recursos. Necesitan respaldo institucional, formación, tiempo y cooperación con los demás actores educativos y sociales.

Las fuerzas del orden no necesitan convertirse en la respuesta universal a los problemas de la sociedad. Necesitan condiciones para ejercer sus funciones dentro de la ley, proteger a los ciudadanos y responder de sus actuaciones.

Y los gobernantes no necesitan proclamar continuamente la grandeza de la República. Necesitan demostrar, mediante decisiones verificables, que sus principios siguen siendo capaces de organizar la vida común.

La verdadera cuestión no es por qué se rebela la juventud, sino por qué una República que ha hecho de la educación, la ciudadanía y la protección social pilares de su identidad encuentra tantas dificultades para convertirlos en una promesa compartida de futuro.

Una sociedad no se destruye únicamente cuando arden sus edificios. También se debilita cuando sus generaciones dejan de creer que comparten un destino, cuando el trabajo ya no parece abrir un camino de autonomía, cuando la escuela pierde su capacidad de orientar y cuando la política deja de ofrecer un horizonte colectivo.

Francia no necesita elegir entre autoridad y justicia social, entre excelencia educativa y democratización, entre protección de los mayores y futuro de los jóvenes. Necesita reconstruir las relaciones que permiten que estos objetivos se refuercen mutuamente. Necesita una Política de Civilización anclada en Po-Ética de Civilidad.

Ese es el sentido profundo de la exigencia republicana: no prometer que todos tendrán la misma vida, sino garantizar que nadie quede excluido de la posibilidad de construir la suya; no eliminar los conflictos, sino ofrecer medios democráticos para resolverlos; no negar la violencia, sino impedir que se convierta en el lenguaje dominante de la vida colectiva.

J’accuse, en definitiva, a nuestra incapacidad colectiva para transformar el descontento en proyecto, la protesta en ciudadanía y la educación en una verdadera capacidad de emancipación.

Porque la República no se transmite únicamente mediante sus leyes, sus monumentos o sus discursos. Se transmite cuando cada generación puede reconocer en ella una razón para respetar las reglas comunes, asumir sus responsabilidades y creer que el futuro que construye será, también, un futuro digno para quienes vendrán después.

Y si Francia quiere seguir siendo fiel a su promesa republicana, debe comprender que el orden sin justicia es frágil, que la educación sin horizonte es insuficiente y que la libertad sin responsabilidad puede terminar destruyendo las condiciones que la hacen posible.

La tarea no consiste en silenciar a una juventud que reclama ser escuchada. Consiste en impedir que quienes buscan el caos hablen en su nombre y en reconstruir las condiciones para que esa juventud pueda participar, con derechos y responsabilidades, en la transformación democrática de la sociedad.

Esa es la acusación. Pero también es la esperanza: que Francia vuelva a hacer de su República no solo una herencia que defender, sino un porvenir que merezca ser compartido. En mayo de 2027, tendrán lugar las elecciones presidenciales. Esperemos que los candidatos propondrán los hilos de luz que permitan ilustrar la nueva política de civilización francesa.